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(De izda a dcha) Mariano Sánchez Baiyo, Miguel Ángel Sánchez del Valle y
Luis García Montero, representantes de la Plataforma Ciudadana por la Educación
y Sanidad Pública, durante la presentación…en el Ateneo de Madrid del
manifiesto del mundo de la cultura en defensa de la Educación y Sanidad Pública.
EFE. Noticia
Público. |
Manifiesto
por la educación y la sanidad pública y contra los recortes leído el
sábado 30 de junio en el Ateneo de Madrid:
LA CULTURA EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN Y SANIDAD PÚBLICAS
“Tenemos que obligar a la
realidad a que responda a nuestros sueños, hay que seguir soñando hasta abolir
la falsa frontera entre lo ilusorio y lo tangible, hasta realizarnos y
descubrirnos que el paraíso estaba ahí, a la vuelta de todas las esquinas.” Julio
Cortázar.
Como profesionales del mundo de
la cultura y como ciudadanos, quienes abajo firmamos queremos expresar nuestra
preocupación y más decidido rechazo a los drásticos recortes que, con la excusa
de la crisis, está llevando a cabo el Gobierno de la Nación en la educación y
sanidad públicas. La primera, entendida en todos sus niveles, incluyendo el
universitario –y, dentro de este, la investigación científica-, la cultura en sus
más variados campos, la sanidad en todos sus ámbitos; todo ello, aunque con sus
peculiaridades, no debe ser considerado como una acumulación de realidades
separadas: siempre han sido, y son, la garantía de una sociedad plural,
democrática, participativa y crítica, y por ende libre e igualitaria. Una
educación y sanidad públicas de calidad constituyen una conquista irrenunciable
de nuestra democracia, sin las que difícilmente puede hablarse de justicia
social y menos aún de igualdad de oportunidades. Una educación de todos y para
todos es un pilar básico para el crecimiento personal de cada individuo así
como para el desarrollo de un país en su conjunto. Una sanidad de calidad y
universal es una garantía de respeto del derecho inalienable que todo ciudadano
tiene a una atención sanitaria digna. Por todo ello, resulta especialmente
preocupante el modelo que quiere imponer el Gobierno, que tiende a crear guetos
y a profundizar la brecha de las desigualdades económicas y sociales.
Si bien los recortes se han
presentado a los españoles como una consecuencia indeseable pero inevitable de
la crisis económica, lo cierto es que se enmarcan en la política de sustracción
de recursos a la escuela y sanidad públicas, que ya vienen llevando a cabo
desde hace años algunos gobiernos autonómicos en beneficio de la escuela
privada-concertada, y de aprobación de medidas fiscales injustas que dañan la
cohesión social, a favor de los centros educativos privados no sostenidos con
fondos públicos, por un lado, o tendentes a lesionar la sanidad pública con la
excusa de una pretendida, y en realidad falsa, eficiencia, beneficiando con
ello a grupos empresariales sanitarios, por otro. El Gobierno de España ha
decidido ahora unir a los recortes que ya venían aplicándose, otros aún
mayores, materializándose en una reducción inversora de 10000 millones de euros
-7000 en sanidad y 3000 en educación-. El reajuste, concretado en la
promulgación de los Reales Decretos-ley 14/2012 y 16/2012, correspondientes a
la segunda y primera respectivamente, además de en otras medidas paralelas, va
a traer consigo las siguientes consecuencias:
En el ámbito educativo:
masificación en las aulas, debida a la subida de las ratios de nuestros alumnos
en primaria, secundaria obligatoria y bachillerato; sobrecarga de horas
lectivas para el profesorado; la no cobertura de las bajas del mismo hasta
pasados 10 días; una drástica y preocupante reducción de personal docente
interino como consecuencia de todo ello aun mayor que la habida hasta ahora, viéndose
perjudicadas seriamente asimismo las condiciones de trabajo tanto de este
último como del ya funcionario fijo, deteriorándose por estos motivos de forma
evidente y escandalosa la calidad del servicio; aplicación de grandes recortes
en los ciclos formativos medios y superiores, en la educación infantil de 0 a 3
años y en la concesión de becas; endurecimiento de los requisitos para lograr
ayudas al estudio; congelación de la oferta de empleo público; fuerte subida de
las tasas universitarias, encontrándose estas ya por encima de la media
europea, dificultando gravemente el acceso a estudios superiores de los alumnos
procedentes de las clases trabajadoras y medias, además del parón en el
desarrollo de programas de investigación afectando gravemente a diferentes
proyectos. Destacamos también el ataque que supone al ejercicio responsable de
la autonomía universitaria el apartado 3 del artículo 6 del citado Real Decreto
y la posibilidad que abre el mismo para la privatización de servicios docentes
de las universidades públicas (como manifiesta el Consejo de Gobierno de la
Universidad Complutense de Madrid). En definitiva, se ve afectada muy
negativamente por estas y otras medidas la comunidad educativa en su conjunto
en todos los niveles (alumnos, docentes, madres y padres, investigadores,
etc.), y por ende la sociedad en general, y traerán consigo un retroceso
histórico brutal de más de 30 años.
En su opinión, son esas circunstancias las que han llevado al Gobierno autonómico a plantearse también la
gratuidad de la Educación. "Si la Constitución dice que la educación
básica debe ser gratuita, limitémonos a eso y que otros tramos dejen de serlo.
No podemos cegarnos ante la evidencia y no enfrentarnos la realidad", ha
dicho.
