La empresa GECESA, vinculada al presidente de la Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM), Arturo Fernández, y ACS de Florentino Pérez son dos de las empresas beneficiarias de la política de Aguirre junto con determinadas ordenes y grupos religiosos.
ACS está especializada en el caramelo de las Escuelas Infantiles a través de CLECE y GECESA en colegios.
Comenzamos una serie de post en los que iremos profundizando en esté tema. Para comenzar recuperamos una publicación hecha en Estrella Digital que ya en febrero de este año se hacia eco de lo que estaba ocurriendo en la Comunidad de Madrid. Consideramos esta información de gran relevancia, no solo por lo que ya está hecho, sin que muchos supiésemos de ello, sino por lo que puede suceder si un futuro gobierno decide la concertación de los los bachilleratos y módulos profesionales (como todo parece indicar).
Aguirre amortigua la crisis del ladrillo con la educación concertada
Gorka Castillo/Miguel Ángel Blanco, 10/02/2011
Arturo Fernández, presidente de la CEIM, y la promotora de cooperativas ALFEDEL SL son algunos de los principales beneficiarios de esta política
Estas empresas GECESA Y ALFEDEL habrían ganado 400 millones de euros en proyectos vinculados a colegios
El modelo madrileño cede 180.000 metros cuadrados de suelo para la construcción de edificios gratuitamente y renuncia a la gestión administrativa de los centros
El Gobierno regional ha encontrado una salida a la crisis en la construcción favoreciendo la entrada de empresas privadas en el sector educativo subvencionado. Según denuncia el sindicato FETE-UGT, una de los beneficiarias de este modelo implantado en Madrid es GECESA, firma relacionada con el grupo hostelero de Arturo Fernández, presidente de la CEIM, que ya ha abierto cinco grandes centros en la región. Otra es ALFEDEL SL, promotora de cooperativas con sede en Valdemoro y registrada legalmente para desarrollar una actividad “de consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial”, que ya tiene proyectada la construcción de 18 centros educativos en la región.
El Ejecutivo de Aguirre está realizando concesiones de terrenos a estas empresas por periodos de 50 a 75 años y a precios que oscilan entre los 5.000 y los 6.000 euros anuales, según cuenta a Estrella Digital Eduardo Sabina, responsable de Acción Social de FETE-UGT Madrid. En un informe publicado por este sindicato, se afirma que entre ambas firmas superan los 400 millones de euros de inversión. Y añaden que “esta situación es crítica en la educación infantil de 0 a 3 años, donde la gestión pública apenas llega al 18%”.
Este modelo, que debería suponer un ahorro para la Administración, al no asumir los gastos de la construcción ni del mantenimiento de los edificios, se está convirtiendo en un negocio redondo para empresarios cercanos a la presidenta. Según estimaciones realizadas por el sindicato, los nuevos centros se están construyendo sobre parcelas cedidas casi gratuitamente por la Comunidad de Madrid. “Ceden el suelo, te ponen el cliente gracias a las viviendas que han sido construidas en los alrededores y les pagan a los profesores mediante la regulación del concierto educativo. Las concesionarias gestionan el centro y exigen cuotas al alumnado para que el negocio sea rentable. Es un modelo perverso”, relata Eduardo Sabina.
Hasta ahora, el Gobierno autonómico ha transferido 180.000 metros cuadrados de suelo para la construcción de edificios y ha renunciado a la gestión administrativa de los nuevos centros. “Tiene que haber oferta para todos”, afirmó recientemente en la Asamblea de Madrid la consejera de Educación, Lucía Figar. Sin embargo, sindicatos, oposición, asociaciones de padres e incluso algunos colegios concertados consideran que este sistema "favorece el negocio de unos pocos con el dinero de todos".
Reducto de marginados
El balance anual sobre la enseñanza en Madrid no puede ser más desalentador. La educación pública se muere en la Comunidad. La política implantada por el Gobierno de Esperanza Aguirre favorece la matriculación de alumnos en centros privados y concertados. Organizaciones sindicales como UGT y CCOO y asociaciones de padres consideran que el sistema de financiación educativa del Ejecutivo regional “terminará convirtiendo a la enseñanza publica en un reducto de marginados”. Los centros privados y concertados han absorbido este curso a 441.091 alumnos, el 46% de escolares matriculados, cinco puntos más que en 2000. Sólo la crisis económica y la segregación étnica practicada por algunos colegios privados han sostenido los índices de matriculación pública en unos limites “tolerables”.
Con estos datos, Madrid asciende a la segunda posición del ranking nacional de enseñanza privada y concertada, según datos del Ministerio de Educación. Sólo el País Vasco le supera. El Gobierno regional defiende el respaldo de su modelo como una forma de garantizar la libertad de elección de los padres.
En la región hay 580 colegios concertados, 1.113 privados y 1.646 públicos. Este año se ha incrementado un 6% el número de aulas concertadas (750), ha disminuido un 21,6% la inversión en infraestructuras y un 5%, los fondos para gestión administrativa. El gasto anual medio en la enseñanza pública asciende a 658 euros, frente a los 1.433 euros de la concertada, según los últimos datos publicados por el INE. Y eso aunque ambos modelos son gratuitos por ley y los dos se sostienen con fondos públicos.
En peor situación se encuentran la escuelas infantiles. El 61,54% del alumnado está matriculado en centros de titularidad privada y el 38,46%, en centros públicos. En un informe sobre educación infantil, FETE-UGT denuncia que “la mayor parte del alumnado en esta etapa está sujeto a unas tarifas de escolarización sin control alguno”. La gestión pública en esta fase educativa llega solo al 18%. La última escuela infantil pública creada se remonta al último Gobierno socialista de la Comunidad, hace más de 16 años.
Durante los Gobiernos del PP, solo se han construido escuelas infantiles de titularidad pública pero con gestión privada. Asimismo, según indica FETE-UGT en su estudio, “dos de los centros públicos han sido reconvertidos para ser gestionados por empresas privadas”.
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