Por si no lo habéis leído, os proponemos la lectura del siguiente artículo de Octavio Granado en El Economista, donde analiza de forma breve, clara y lúcida, las soluciones que, desde el Gobierno, nos imponen para salir de la crisis y que en materia educativa, y posiblemente en otros ámbitos de la Administración, se resumen en una medida, de la que derivan el resto: el despido o la no contratación.
Cuando ya lo sabido se ha vuelto conocido, que el Gobierno tomó la decisión de implementar el ajuste suplementario del 0,5% del PIB solicitado por la Unión Europea con medidas más cosméticas que reales, en penitencia debemos reducir el doble del gasto inicialmente comprometido en aquellas políticas que considerábamos esenciales, como la educación o la sanidad. Está más clara la primera de estas áreas de ajuste, la educación, y por tanto podemos razonar mejor cuál es el sentido de estas disminuciones.
Los despidos como solución
En educación, el 80% del gasto es personal, en forma de empleados públicos o personal de los centros concertados. De este 80% la reducción va a conseguirse amortizando las plazas de los trabajadores que se jubilen, y suprimiendo personal de apoyo, interinos, etcétera, con la gran innovación de aumentar el número de alumnos por clase.El número promedio de alumnos por clase es el resultado de agregar a efectos estadísticos las clases de centros educativos urbanos, muy masificados ya, con los centros rurales, que tienen un número de alumnos mucho más bajo, pero que también disponen de menores medios, y sobre todo de un profesorado menos diversificado. El que un aula tenga 20 niños porque no hay más de la edad requerida en un determinado entorno no supone per se la mejora en la calidad de la enseñanza, pero el que se aumente de 30 a 36 alumnos la capacidad de un aula de enseñanza secundaria supone un empeoramiento notable.
El procedimiento de ajuste seguido supone que el único ahorro en personal va a conseguirse con despidos y menores contrataciones. Como mínimo, es curioso que el mantra de la reforma laboral es convertir el despido en la última opción, pero que, cuando se toman decisiones que afectan a los servicios públicos fundamentales, el despido no sea la primera, sino la única opción. El PP lleva años quejándose de que rebajar los programas y los objetivos no ha sido bueno para la educación, pero la auténtica rebaja llega ahora y de forma espectacular.
¿Educación más barata o peor?
El intento de reajustar las plantillas de la enseñanza universitaria suprimiendo, con la mediación de una comisión de expertos -que parecen serlo en muchas materias, salvo en la organización educativa-, todas las enseñanzas con menor número de alumnos también es pintoresco, porque al parecer no va a primar la capacidad de las enseñanzas por facilitar a los alumnos un bagaje teórico que mejore su inserción laboral o la búsqueda de empleo, sino el número de personas que han escogido una determinada opción profesional, probablemente que requiera un mayor esfuerzo o que tenga una dificultad objetiva superior. La citada comisión de expertos no va a trabajar por mejorar la excelencia universitaria o educativa, sino hacer más barata y más mediocre nuestra Universidad.
En conclusión, parece que el recorte va a conseguir clases llenas a bajo coste, muy convenientes cuando los alumnos no encuentran fuera del sistema muchas opciones, en vez de buena formación y enseñanza de calidad. El modelo de las líneas aéreas es atractivo, pero es de temer que no funcione en el sistema educativo.
No somos capaces de primar la implicación del sistema educativo en otras políticas, tales como la formación para el empleo de los parados (también devastada en estos presupuestos), la propia cultura, reducida a eventos, o el desarrollo de la habilidad emprendedora de los jóvenes y no tan jóvenes parados.
Tener en paro a la mitad de una generación es un problema para los próximos diez años; obligará a sus padres y abuelos a compartir sus exiguos recursos. Sacrifica a los parados y a sus familias. Pero volver a maleducar a un país entero es algo que dura toda la vida de los marginados por esta política, tan ineficiente como injusta. La condición de persona sin estudios no te abandona nunca, y en estos momentos ni siquiera en la emigración hay hueco para las nuevas categorías de analfabetos funcionales: quienes no saben cambiar de trabajo, hablar inglés, ocuparse por su propia cuenta. La realidad es muy dura, pero la política todavía más. Ya sea en presupuestos, en política exterior, o en educación, hablar de los problemas no los disuelve. Por eso revestiría mucha importancia, dentro y fuera de España, que empezáramos a asumir lo que no sabemos hacer bien, para buscar territorios compartidos para hacerlo, entre todos, regular.
Octavio Granado, exsecretario de Estado de la Seguridad Social."
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